El presente artículo analiza críticamente el rol actual de los sindicatos de transporte en Argentina, destacando su importancia histórica pero señalando una serie de problemas estructurales, políticos y sociales que afectan su legitimidad y eficacia. Concretamente se cuestiona su accionar sindical, especialmente las medidas de fuerza que legitimas, interrumpen servicios esenciales y generan impactos negativos en la economía y la vida cotidiana y la necesidad imperiosa de un replanteo de cara al siglo XXI
Los sindicatos de transporte, han jugado y siguen jugando un papel central en la historia y actualidad del movimiento obrero argentino. Sin embargo, hoy en día enfrentan crecientes cuestionamientos por su accionar sindical con medidas de fuerza, que interrumpen los servicios esenciales y su impacto que afecta la economía, vida cotidiana y turística del país.
Entre los principales sindicatos de transporte, podemos mencionar:
Unión Tranviarios Automotor (UTA), fue fundada en 1919 y representa a los trabajadores del transporte público de pasajeros en toda la Argentina, está conformada por unos 70 mil afiliados en todo el país. Su Secretario General es Roberto Fernández, 17 años que lidera este gremio desde el 2008.
La Fraternidad (LF) se fundó el 20 de junio de 1887, es el sindicato que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes, la misma tiene alrededor de 7.500 y 8.000 mil afiliados en el país. Su Secretario General es Omar Arístides Maturano, 31 años quien lidera el gremio desde 1994.
Unión Ferroviaria (UF) se fundó el 6 de octubre de 1922 y representa a los trabajadores del sector ferroviario, cuenta con poco más de 35 mil afiliados activos y 41 000 jubilados y pensionados. Su Secretario General es Sergio Adrián Sasia, 13 años titular de la Unión ferroviaria desde el 2.012.
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) también conocidos como metrodelegados, fundada el 2 de Septiembre de 2008 y tiene aproximadamente 2500 afiliados. Su Secretario General es Roberto Pianelli, 14 años titular desde el 2011.
Asociación Argentina de Aeronavegantes (APA) constituida el 1° de marzo de 1953 y representa a los tripulantes de cabina de pasajeros de todas las empresas aerocomerciales, tiene alrededor de 30.000 afiliados. Su Secretario General es Juan Pablo Brey, 13 años desde 2012.
¿MODELO Y MÉTODOS AGOTADOS?
Como se desprende del detalle expuesto, la conducción de estos sindicatos no ha variado a lo largo del tiempo y esta permanencia, no hace más que enrostrar las críticas de siempre en torno a la existencia de una estructura altamente verticalista y burocrática, más cercana a una corporación que a una organización democrática. Por eso nos permitimos preguntar: ¿no será necesario algún tipo de replanteo al respecto?
Asimismo, los gremios del transporte poseen un enorme poder de interrupción del resto de la actividad laboral y aunque el mismo resulte legítimo en términos de constitucionales, existe una mirada social negativa a este tipo de acciones directas que ocasionan perjuicios a millones de usuarios y trabajadores que quedan sin alternativas de movilidad.
EL IMPACTO SOCIAL
Cada vez que se interrumpe el servicio tan importante para la movilización de la población en general, se ven afectados los estudiantes, los trabajadores de todos los sectores, pacientes y otros sectores vulnerables, inclusive el área turística; ya que muchos extranjeros quedan varados en los aeropuertos por no poder abordar sus vuelos.
Esto genera por cierto una tensión entre la legítima defensa de derechos laborales y el derecho de la sociedad al transporte público.
¿NO ESTAREMOS EN PRESENCIA DE UN ABUSO DEL DERECHO?
Resulta legítimo el ejercicio de los derechos de los gremios, pero sin dudas, los efectos colaterales resultan de consideración, provocando un impacto en la sociedad toda, y en particular a otros trabajadores que dependen del transporte.
No caben dudas de que estamos en presencia de una colisión de derechos de raigambre constitucional que también deben ser atendidos.
INTERROGANTES PARA LA REFLEXIÓN
¿EXISTE DAÑO PARA EL RESTO DE LOS TRABAJADORES?
Un paro enla ciudad deBuenos Aires genera complicaciones significativas para más de 9 millones de personas que intentan llegar a sus lugares de trabajo, en muchos casos para no perder el presentismo o tal vez para aprovechar un turno médico en las propias obras sociales sindicales.
Por tal motivo, la situación potencialmente siempre puede tornarse crítica, especialmente en zonas como los barrios porteños de Constitución o Retiro, donde los usuarios deben hacer largas colas para abordar los colectivos de las empresas que no se sumaron a la medida, o deben gastar grandes sumas de dinero en taxi o vehículos de aplicación.
Las medidas impulsadas por gremios, impactan con fuerza negativa en la industria, el comercio y los servicios, con consecuencias económicas difíciles de revertir, incluyendo a las personas que se dedican a la economía informal (vendedores ambulantes).
¿QUÉ RESULTADOS SE OBTIENEN?
La respuesta es positiva. Históricamente se logran los objetivos propuestos con medidas de fuerza de esta envergadura, y con ello lograr un mejoramiento de las condiciones laborales de sus afiliados.
Pero a pesar de su resultado, son receptores del enojo y la crítica por parte de los usuarios y el resto de los millones de trabajadores que se han visto afectados para llegar a su objetivo.
¿MIENTRAS MÁS AGRESIVA LA POSTURA, MAYORES LOGROS?
La respuesta también es positiva, Con posturas más agresivas, mayores son los logros; pero solamente para el grupo de afiliados que representan habiendo provocado daños en el resto de la comunidad que también integran.
¿EXISTE ADEMÁS PERJUICIO PARA EL ESTADO?
Sin dudas, desde diciembre de 2023, las medidas de fuerza impulsadas por gremios en Argentina generaron un fuerte impacto económico en sectores como la industria, el comercio y los servicios.
Desde la asunción de Javier Milei, los paros y manifestaciones sindicales provocaron pérdidas estimadas en más de USD 1.000 millones de dólares.
Entre los hechos más relevantes se destacan el paro de la UTA, que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el AMBA y otras provincias, con un costo estimado de USD 300 millones de dólares. El segundo paro general del 9 de mayo de 2024 causó una pérdida de USD 544 millones, de dólares, equivalentes al 1,1% del PBI mensual. En esa oportunidad adhirieron varios gremios y sindicatos, por lo que diferentes sectores se vieron afectados. Entre ellos, estuvieron las entidades bancarias, las escuelas, los hospitales y los aeropuertos, alterándose el normal funcionamiento del transporte público, de los comercios y las estaciones de servicio. El tercer paro, realizado el 10 de abril de este año (2025), generó un impacto económico de USD 194 millones de dólares. Sumando estas acciones gremiales, incluyendo paros generales y de transporte, la economía argentina ya habría dejado de producir más de USD 1.000 millones de dólares. Si se incluye el primer paro sin medición oficial, las pérdidas económicas podrían superar los USD 1.500 millones de dólares.
¿QUÉ BENEFICIOS CONCRETOS RECIBEN LOS AFILIADOS?
Los sindicatos siempre buscan obtener mejoras salariales y condiciones laborales para sus afiliados y trabajadores. Estos beneficios pueden incluir negociar paritarias para lograr incrementos en los sueldos básicos, reconocimiento de antigüedad, mejores condiciones de trabajo y cobertura de salud a través de la obra social a la cual están convenidos. Por ello, podemos dejar en claro que sin perjuicio de los daños colaterales padecidos por el resto de los usuarios y trabajadores, resulta innegable que el saldo les resulta favorable.
ALGUNAS CONCLUSIONES
De cara a la opinión mayoritaria de los argentinos, los sindicatos de transporte, deben afrontar una renovación urgente, necesitan reflexionar en sus contenidos y sus formas, para estar a la altura de la época actual y recuperar su potencial político que han perdido a lo largo de los años.
Por cierto, no se trata de negar su rol histórico, ni su importancia en la defensa laboral de los empleados, sino de exigir transparencia, modernización y responsabilidad que tienen ante la sociedad con los servicios a los que ellos representan.
Como ya lo dijimos anteriormente, la realización de paros y otras medidas de fuerza, resultan ser herramientas legales y en muchos casos son estrictamente necesarias, pero deben tenerse presente el impacto que ocasiona a la sociedad que hace uso del servicio de transporte.
Desde nuestro punto de vista, se debe tener en cuenta que al interrumpir un servicio tan importante para la movilización de la población en general, se ven afectados los sectores más vulnerables, inclusive el área turística del país, ya que muchos extranjeros quedan varados en los aeropuertos, por no poder abordar sus vuelos (perjudicando a la enorme industria sin chimeneas), que no solo afecta a un gobierno en curso, sino que afecta la economía y la imagen que transmitimos al mundo.
Por tal motivo, se debería contemplar que esto genera una tensión entre la legítima defensa de derechos laborales de sus trabajadores y el derecho de una sociedad que hace uso del transporte público y privado en algunos casos.
Nuestros planteos aquí expuestos, se basan en que el derecho debe ejercerse en forma funcional con el del resto y no en forma abusiva, ya que ello incluso implica castigar y perjudicar al resto de la sociedad que hace uso del mismo.
Consideramos que un sindicalismo fuerte, moderno y democrático es indispensable para construir un sistema de transporte justo y eficiente, que nos beneficie a todos en general y para seguir construyendo nuestro sistema democrático.
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