En un contexto económico marcado por la recesión y la inflación persistente, Argentina parece enfrentar un dilema estructural: los elevados costos de contratar a un empleado en blanco desalientan la formalización del empleo, perpetuando un mercado laboral donde más de 5,6 millones de personas trabajan sin registro, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta cifra representa un aumento de la informalidad en los últimos años, con un crecimiento del 2,8% en los puestos no registrados durante el tercer trimestre de 2025, mientras que el empleo formal estancado en un 0% interanual. El resultado es un círculo vicioso que frena el crecimiento económico y agrava la precariedad social, exigiendo un cambio radical para impulsar la actividad privada.
Desglose de los Costos Laborales: Más Allá del Salario
Contratar a un trabajador en Argentina no se limita al sueldo de bolsillo. El costo laboral total incluye una serie de cargas que pueden elevar el gasto del empleador hasta un 80% por encima del salario neto. Según análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), las contribuciones a la seguridad social representan el 34,6% del costo total, un porcentaje que duplica el promedio internacional de la OCDE (21,6%). Esto implica que, por cada $100 que una empresa invierte en un puesto formal, $34,60 van a aportes y contribuciones, dejando solo $65,40 para el salario bruto.
El desglose típico incluye:
Aportes del empleado: Un 17% del sueldo bruto, destinado a jubilación (11%), obras sociales (3%) y PAMI (3%). Contribuciones patronales: Entre el 18% para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y el 20,4% para grandes compañías, según regulaciones de la AFIP para 2025. Estas cubren el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo y obras sociales. Otros costos indirectos: Aguinaldo, vacaciones, ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), cuotas sindicales, horas extras y eventuales indemnizaciones. En promedio, el costo laboral total en Argentina es de USD 1.734 mensuales para un sueldo bruto de USD 1.366, posicionando al país en el podio mundial de cargas laborales (tercero en aportes totales, séptimo en aportes personales). Esta estructura hace que el empleo formal sea prohibitivo para muchas empresas, especialmente en sectores como la construcción, el comercio y los servicios domésticos, donde la informalidad supera el 43% de la fuerza laboral.
La Presión Impositiva: Un Doble del Promedio Global
La alta presión tributaria sobre el trabajo es uno de los principales culpables de esta distorsión. Argentina ocupa el décimo lugar en contribuciones patronales (21,2% del costo total), según informes privados. Si se redujera al promedio de la OCDE, el costo de contratar se abarataría un 16-17%, incentivando la creación de puestos formales. Sin embargo, esta carga no solo desincentiva la inversión privada, sino que alimenta la evasión: desde fines de 2023, se perdieron más de 300.000 empleos asalariados, la mayoría formales, lo que elevó la informalidad a niveles récord.
Falta de Seguridad Jurídica en Indemnizaciones: Incertidumbre para Empleadores y Trabajadores
A esta presión se suma la inseguridad jurídica en torno a las indemnizaciones. La Ley de Bases (27.742), sancionada en 2024, derogó las indemnizaciones agravadas y tarifadas por irregularidades como la falta de registro o pago tardío de despidos. Jueces laborales han avalado su constitucionalidad, argumentando que no elimina la responsabilidad del empleador, pero obliga al trabajador a probar daños reales en lugar de aplicar multas automáticas. Esto genera incertidumbre: por un lado, reduce el riesgo para las empresas, pero por otro, complica las reclamaciones para los empleados, potenciando litigios basados en el Código Civil y Comercial (arts. 1737-1741). Críticos como doctrinarios laborales advierten que esta reforma crea “inseguridad jurídica”, ya que deja al arbitrio judicial la cuantificación de daños por omisiones en aportes a la seguridad social o certificados de servicios. En un país con crisis previsional crónica, donde la falta de aportes afecta al 43,2% de los trabajadores, esta ambigüedad desalienta la formalización y expone a más personas a la precariedad.
Normas Laborales Obsoletas: Convenios de Hace 50 Años
El marco normativo agrava el problema. La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) data de 1974, con más de 50 años de antigüedad, y muchos convenios colectivos de trabajo (CCT) provienen de la ronda de negociaciones de 1975. Aunque ha habido reformas parciales (como la Ley 25.250 en 2000 o la derogación de la “Ley Banelco” en 2004), el 22% de los CCT activos son de esa época, diseñados para un contexto industrial que ya no existe. Expertos coinciden en la necesidad de actualizarlos para adaptarlos a la economía digital, la productividad y la flexibilidad, sin perder derechos básicos.
Hacia un Cambio Copernicano: Priorizar la Actividad Privada
Argentina necesita un viraje revolucionario, un “cambio copernicano” que ponga al sector privado en el centro del modelo económico. Actualizar las normas laborales y CCT obsoletos, reducir la presión impositiva y brindar mayor seguridad jurídica en indemnizaciones podrían fomentar la inversión y la creación de empleo formal. Como señala el Iaraf, bajar las cargas al promedio OCDE liberaría recursos para contratar, rompiendo el ciclo de informalidad que afecta a 5,6 millones de argentinos. Sin este giro, el país seguirá atrapado en un esquema que prioriza el Estado sobre la iniciativa privada, perpetuando la pobreza y la exclusión laboral. La clave está en equilibrar protección con competitividad, para que el trabajo en blanco sea accesible y sostenible.
About the Author
